El 24 de junio se celebra el Día
contra la Contaminación Electromagnética. En el estado español es
una fecha motivo de reflexión por el alarmante aumento de la
electropolución en nuestro país, causada por dos agentes
principales: por un lado, los campos electromagnéticos de baja
frecuencia de las líneas eléctricas, subestaciones y transformadores
y, por otro lado, los campos electromagnéticos de radiofrecuencias y
microondas emitidos por las antenas estaciones base de telefonía
móvil y otras infraestructuras como los sistemas Wifi y WiMAX.
Diversas organizaciones, agrupadas en la Plataforma Estatal contra
la Contaminación Electromagnética han elaborado el manifiesto
siguiente:
PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ELECTROMÁGNETICA
MANIFIESTO
Las asociaciones de afectad@s, asociaciones de vecin@s,
electrosensibles, grupos ecologistas, comités científicos, expert@s
y abogad@s agrupados en esta plataforma MANIFESTAMOS QUE HABIDA
CUENTA DE:
La preocupación actual de la población mundial y científicos
independientes por los riesgos que entraña para la salud la
exposición crónica cotidiana a diferentes campos electromagnéticos
(líneas de alta tensión, estaciones transformadoras, transformadores
de zona, en baja frecuencia, y estaciones base de antenas de
telefonía móvil, WIFI, WIMAX, teléfonos inalámbricos DECT,
femtoceldas, etc., en alta frecuencia de microondas pulsantes).
El reconocimiento unánime de la existencia de efectos “no térmicos”
por parte de los investigadores científicos independientes de la
industria
Las señales de alarma emitidas por grupos de científicos
independientes e investigadores de máximo prestigio internacional,
en diferentes resoluciones: Salzburgo I (2000), Salzburgo II (2002),
Catania (2002), Friburgo (2002), Alcalá (2002), Benevento (2006),
Londres (2007) y Paris (2008).
La publicación del Informe BIOINITITIVE, que revisa 1500
investigaciones científicas independientes, que alerta de los graves
efectos que pueden causar las exposiciones a largo plazo de las
radiaciones de campos electromagnéticos (CEM) y de radiofrecuencias
(RF), producidas por la telefonía móvil, sistemas inalámbricos,
líneas de alta tensión, transformadores, etc., en los niveles a los
que estamos expuestos actualmente y que recomienda, con carácter de
máxima urgencia a las autoridades públicas y sanitarias la reducción
drástica de los niveles de exposición permitidos hacia niveles
inferiores a 0.1 µw/cm2 en exteriores, y menos de 0.01 µw/cm2 en
interiores, con carácter provisional para avanzar hacia ulteriores
reducciones .
La Resolución de Londres (2007) que propone que apliquen de manera
inmediata las recomendaciones del Informe Bioinitiative 2007 sobre
CEM y RF y se esfuercen por establecer las recomendaciones de la
Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Salzburgo (2002) de 0,
001 uW/cm2 (0,06 V/m) al aire libre y de menos de 0,0001 uW/cm2
(0,02 V/m) para exposición a RF en interiores, habida cuenta de la
extrema penetración de las frecuencias utilizadas en la tercera
generación de estas tecnologías.
Las iniciativas pioneras llevadas a cabo con éxito en algunos
lugares como Salzburgo, donde se ha conseguido alcanzar los niveles
anteriormente, referidos y se proyecta rebajarlos aún más.
La preocupación por posibles efectos devastadores en adolescentes y
niños-as a largo plazo, dada la inmadurez de los tejidos cerebrales
y la gran penetración de las ondas en los tejidos.
Las recientes resoluciones del Parlamento Europeo (septiembre de
2008 y abril de 2009) en las que se insta a revisar y reducir los
límites de protección frente a los riesgos generados por los CEM.
Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española:
Derecho a la integridad física (Art. 15). Derecho a la intimidad
personal y familiar (Art. 18.1). Derecho a la inviolabilidad del
domicilio (Art.18.2). Derecho a la protección de la salud. (Art. 43)
DENUNCIAMOS:
La actitud y estrategias de la industria de telecomunicaciones, que
se centra en negar las evidencias científicas (Declaración de París,
2008) y en influir, por medio de sus poderosos grupos de presión, en
los medios de comunicación y poderes públicos e instituciones, con
el objeto de impedir que se establezca una legislación que controle
el despliegue tecnológico y la instalación de infraestructuras
emisoras de CEM y proteja la salud de la población.
La pasividad y alineamiento, hasta la fecha, del Gobierno español,
con los intereses de la industria de telecomunicaciones inalámbricas
que, en lugar de defender el derecho a la salud de la población,
ignora las reivindicaciones ciudadanas y las resoluciones
internacionales y del Parlamento europeo.
En defensa del derecho a la salud y la vida de las generaciones
presentes y futuras:
PEDIMOS:
A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS:
Que velen por la Salud Pública en vez de por los intereses
económicos de la industria implicada.
Que desarrollen una nueva ley en sustitución del actual RD 1066/2001
y de la actual Ley General de Telecomunicaciones, ya obsoletos, que
garantice la salud de la población, basándose en el Principio de
Precaución y el principio ALATA (mínima emisión técnicamente
posible), siguiendo las recomendaciones del informe BIOINITIATIVE
para microondas que son de menos de 0.1 µw/cm2 en exteriores y 0.01
µw/cm2 en interiores, y con el compromiso de reducirlo aún más en el
futuro en consonancia con la Resolución de Londres (2007). Para
campos magnéticos provocados por las líneas de alta tensión y
transformadores, en base al Informe Bioinitiative, se piden niveles
inferiores a 0.1µT.
Que se establezca un sistema de control de los niveles de emisión
fiable, encomendada a un cuerpo público de inspección independiente
y con información pública accesible en tiempo real a toda la
ciudadanía, con la participación de científicos independientes y la
ciudadanía.
Que se establezcan distancias mínimas biosanitarias para todas las
fuentes de emisión CEM en base a los estudios científicos
independientes.
Que se establezca una reserva específica de suelo para todo tipo de
infraestructuras e instalaciones emisoras de CEM, tanto de baja como
de alta frecuencia.
Que se establezca un registro público actualizado de todas las
fuentes de emisión de CEM, especificando su potencia real de
emisión, frecuencias y características.
Que se regule el uso del móvil por menores de edad y se financien y
promuevan campañas de uso responsable del móvil y dispositivos
inalámbricos, en conformidad con las recomendaciones del Parlamento
europeo.
Que se persiga el incumplimiento de la legislación reguladora con
sanciones ejemplares.
Que las autoridades decreten una moratoria en todo el Estado sobre
la instalación de sistemas WIFI, WIMAX, etc. y se desmantelen los
dispositivos y redes inalámbricas ya instalados sustituyéndolos por
conexiones por cable.
Que se reconozca la electrohipersensibilidad (EHS) como causa de
discapacidad, como se hace en Suecia y en algunos estados de los
EE.UU., como recomiendan las recientes resoluciones del Parlamento
europeo, y que se instruya a los Servicios Públicos de Salud para
que diagnostiquen y certifiquen los casos de EHS que se les
presenten.
Que se prohíba el uso del móvil en el transporte público y en todos
los centros públicos (escuelas, universidades, hospitales,
bibliotecas, casas de cultura, etc.).
Que se regulen los radioenlaces, (emisores en frecuencias de radar
entre 15Ghz y 45Ghz, altamente peligrosas) y se sustituyan por fibra
óptica en las ciudades y, en la medida de lo posible, también en las
zonas rurales.
Que se financie y promueva la realización de estudios
epidemiológicos diseñados por científicos de probada independencia,
con la participación de los ciudadanos y las organizaciones de
afectados.
Que se obligue a las compañías a disponer de un seguro de
responsabilidad civil y penal ilimitado o que lo garantice por Ley
el Estado.
RECOMENDAMOS
A LA POBLACIÓN a informarse de fuentes independientes de la
industria, a protegerse en caso de encontrarse en riesgo su salud, a
organizarse y reivindicar su derecho a la salud. Recomendamos que se
minimicen los riesgos en os domicilios particulares primando las
tecnologías por cable a las inalámbricas. (cable en vez de WIFI,
teléfonos fijos en vez de inalámbricos DECT).
A LAS COMUNIDADES DE VECINOS a que no instalen antenas en sus
edificios y que rescindan los contratos de las ya instaladas, hasta
que no se garantice niveles que minimicen los riesgos actuales.
A LOS SINDICATOS: que participen activamente en la consecución de la
minimización estos riesgos, ya que afectan también al ámbito de la
salud laboral.
A LOS MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD a informarse de fuentes
independientes y movilizarse por la defensa de la salud de la
población.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN a evitar el sesgo introducido por los
intereses de la industria y velar por la información veraz y la
libertad de expresión.
A LA INDUSTRIA DE TELEFONÍA MOVIL a cambiar su actitud y colaborar
participando en el debate público desde la transparencia y el
interés por la salud pública, aportando propuestas técnicas que
minimicen riesgos, dedicando parte de sus onerosos beneficios a
implantar un sistema que minimice los riesgos actuales.
A LA IGLESIA que cuando piense en instalar una antena en sus
instalaciones tenga en cuenta la salud de las personas que viven
alrededor.
Tlfo. de contacto de la Plataforma:
Francisco Caño 91 725 29 09
Minerva Palomar 91 565 65 38
Asuncion Laso 983 37 1 3 89
Carmelo Santolaya 948 22 17 11 / 948 26 06 06
Pedro Belmonte 968 21 79 57