PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética rechaza el acceso a internet mediante WI-FI

end_of_the_skype_highlighting Demanda la aplicación urgente del Principio de Precaución para evitar la radiación de antenas Wi-Fi en las aulas de primaria y una reforma en profundidad de la normativa sobre espacio radioeléctrico en base a la necesidad perentoria de protección de la salud.

El sábado 23 de octubre, la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) celebro su segunda Asamblea anual en Madrid con la participación de Asociaciones de Vecinos/as, Colectivos de Afectados por antenas de telefonía móvil, Colectivos de Afectados por líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas y el movimiento ecologista de todas las comunidades autonómicas.

En la asamblea se valoró muy positivamente la intervención en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco de representantes de la Coordinadora Vasca de Afectados por Contaminación Electromagnética (EKEUKO-COVACE) y de la Plataforma de Euskalherria contra la Contaminación Electromagnética, junto a investigadores médicos, abogados y expertos, en defensa de la aplicación urgente del Principio de Precaución frente a las radiaciones de CEM (alta tensión, telefonía móvil, Wi-Fi, Teléfonos inalámbricos, etc) y la substitución del Wi-Fi por la conexión a Internet mediante cableado.

Se valoró también la reunión en junio de este año de representantes de la Plataforma estatal con responsables del Ministerio de Sanidad en la que se planteó la necesidad de reducción drástica de los niveles de exposición a los CEM en aplicación del Principio de Precaución, así como la reunión en septiembre con el Ministerio de Educación, al que se le transmitió la crítica al Plan Escuela 2.0 que impone Wi-Fi como alternativa única para el acceso a Internet en los centros de primaria, cuando el cable permite mayor velocidad de acceso a Internet, aumenta la capacidad de transmisión de datos, no tiene caídas e interferencias de la señal y, sobre todo, no expone innecesariamente a niños y
profesionales de la enseñanza a campos electromagnéticos de microondas pulsantes de una manera residencial y continua.

El despliegue inalámbrico del sistema Wi-Fi en los colegios supone un aumento de la exposición de los menores a radiaciones de microondas pulsantes que contraviene la recomendación del Parlamento Europeo de reducir el riesgo que supone la exposición a estas radiaciones, sobre todo en el caso de los grupos más vulnerables como los niños/-as, embarazadas, las personas con enfermedades crónicas (epilepsia, cardiopatías, diabetes, fatiga crónica, etc.) y de la creciente población de menores y adultos que sufren electro-hipersensibilidad (EHS).

La Plataforma Estatal en su campaña SIN SALUD NO SE AVANZA para promover el acceso a Internet mediante cableado, se remitió y remite a las recomendaciones de Conferencias Internacionales de investigadores sobre CEM, como la de Benevento (Italia) que en su resolución proponen: Promover las alternativas a los sistemas de comunicación sin hilos, por ejemplo: uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales [1]. En septiembre de 2007, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) señaló la necesidad de cuestionar los límites de exposición actuales a los CEM, incluidos los emitidos por los sistemas Wifi, de acuerdo con los estudios científicos recopilados por el Grupo de Trabajo BioInitiative[2].

Se remite asimismo a la Resolución de 2 de abril de 2009, en que el Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea a reconocer la cada vez mayor preocupación pública y científica sobre los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos, señalando, en su apartado B,”que la tecnología de los dispositivos inalámbricos (teléfono móvil, Wifi, Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija «DECT») emiten CEM que pueden producir efectos adversos para la salud humana” [3].

La PLATAFORMA ESTATAL insiste por ello en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad y Educación se ponga a trabajar con la premura que el caso demanda informando sobre los riesgos, como se ha hecho por ejemplo en Alemania, a padres y madres, directores y profesores.

Octubre de 2010

-PLATAFORMA ESTATAL CONTRA CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA.

[1] Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética (ICEMS) Aproximación al Principio de Precaución y los Campos Electromagnéticos: Racionalidad, legislación y puesta en práctica, Benevento, Italia, ( 22-24 de febrero de 2006)
http://www.asides.es/cientifico%2002.html#Resolución_de_Benevento

[2] http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed

[3] Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/211INI). Bruselas, 2 de abril de 2009.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0216&language=ES

El economista: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2552229/10/10/Plataforma-contra-la-Contaminacion-Electromagnetica-critica-el-Plan-Escuela-20.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones del 22 de Septiembre de 2009

 

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética pide al Ejecutivo que aplique el principio de precaución en la legislación sobre emisiones electromagnéticas

·         Crece en nuestro país el número de personas electrohipersensibles

·         La Plataforma solicitará una cita con el Ministerio de Sanidad para revisar los límites legales máximos de emisión de ondas electromagnéticas para garantizar la salud de las personas

·         Reclama, asimismo, participar en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones para garantizar la presencia de entidades vecinales y ecologistas

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA NO DESCARTA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN

SOBRE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Madrid, 24 de septiembre de 2009. Representantes de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, integrada por casi un centenar de entidades vecinales y ecologistas de todo el Estado, se dieron cita el pasado día 22 de septiembre con responsables de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Información.

            En línea con la labor que la Plataforma lleva meses realizando y dada la creciente alarma social que generan las perniciosas consecuencias de las emisiones electromagnéticas sobre la salud de las personas, sus portavoces instaron a los responsables del Ministerio de Industria a que modifique dos ordenamientos normativos: el RD 1066/2001, que establece las medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la Ley General de Telecomunicaciones. “El Gobierno -subraya Yolanda Barbazán, una de las portavoces de la Plataforma- debe garantizar la salud de las personas aplicando en su legislación el principio de precaución y prevención y reduciendo al mínimo posible la emisión de ondas electromagnéticas necesarias para garantizar el acceso a las telecomunicaciones. Es lo que se conoce como principio ALATA”.  

            Los representantes de la Plataforma trasladaron, asimismo, a los responsables de Telecomunicaciones la necesidad de garantizar una mayor protección a quienes, a tenor de varias resoluciones del Parlamento Europeo, constituyen “grupos de riesgo”: niños, embarazadas, ancianos y enfermos crónicos, un sector de población que aumenta año a año con el creciente número de personas afectadas por la electrohipersensibilidad. A petición de las organizaciones ciudadanas representadas en la Plataforma, los responsables de la Secretaría han pedido documentación para estudiar la posibilidad de aplicar una moratoria en la implantación de los sistemas WiFi en los centros escolares, como han hecho en otros países y la instalación de sensores para controlar los índices de emisiones electromagnéticas.  

            “En conclusión -remata Barbazán-, los responsables de la Secretaría nos han asegurado  que no descartan modificar la normativa referida a las emisiones electromagnéticas, pero nos han remitido al Ministerio de Sanidad, que es el que se encarga de fijar los límites máximos permitidos para garantizar la salud de las personas, así que solicitaremos una reunión al equipo de Trinidad Jiménez que, esperamos, sea más sensible que el de Bernat Soria, que nunca accedió a reunirse con la Plataforma”. La Plataforma solicitará, asimismo, formar parte del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, en el que sólo participan asociaciones de usuarios, sindicatos y asociaciones de operadores, olvidando, remata Barbazán “a los principales afectados: las vecinas y vecinos obligados a vivir cerca de instalaciones emisoras de contaminación electromagnética”.

 

Teléfonos de contacto:  Yolanda Barbazán: 696 836 595 - Asunción Laso: 983 37 13 89

REUNIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: Martes 22 de septiembre de 2009

Lugar: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones C/ Capitán Haya, 41 Madrid

Asistentes:

Por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones:

Por parte de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética

* Ni Enrique Ríos ni Ceferino Maestu pudieron asistir por asuntos laborales de última hora.

Desarrollo de la reunión:

La reunión comenzó a las 13 horas y finalizó a las 14:45 horas.

Por parte de la Plataforma comenzamos presentando a los asistentes y les hicimos un breve resumen cronológico de cómo surgió la Plataforma, desde las declaraciones de septiembre de 2008 del Ministro de Industria, las Resoluciones del Parlamento Europeo, las peticiones de reunión previas, el nacimiento de la Plataforma, la redacción del Manifiesto, etc.

Les hicimos entrega de un dossier donde incluimos el Manifiesto y las alegaciones al Plan Avanza, y comentamos que el objetivo de la Plataforma era el de participar en todos los órganos de representación a nivel estatal, autonómico y local para tener voz, poder emitir opiniones en el intento por resolver el conflicto de intereses entre la industria y nuestro derecho a la salud.

Tras esta presentación comenzamos a plantearles las peticiones que llevábamos y que habíamos agrupado en cuatro puntos:

1)    Niveles de exposición para las personas. Revisión de la Normativa:

a.    Sustitución del actual RD 1066/2001

b.    Sustitución de la Ley General de Telecomunicaciones

Rebaja de los niveles de exposición con el objetivo de garantizar la Salud basándose en los principios de Precaución y Prevención y el principio ALATA. Control sobre la ubicación y orientación de las antenas, distancias de seguridad, etc. Pusimos el ejemplo de otros países donde tienen normativas más restrictivas que en el nuestro p.e. Salzburgo

2)    Grupos de Riesgo. Comentamos los grupos de riesgo definidos en las Resoluciones del Parlamento Europeo, niños, embarazadas, ancianos, enfermos crónicos. También hablamos del proyecto ESCUELA 2.0 de la problemática del WIFI sobre los niños y solicitamos una moratoria en su implantación y que tomaran como ejemplo lo que están haciendo en otros países de retirar el WIFI de los colegios y centros públicos. Regulación del uso de los móviles en los transportes públicos.

3)    Control de los equipos emisores. Control de las instalaciones mediante sensores que controlen la inmisión de densidad de potencia que reciben los ciudadanos, en tiempo real y accesible via web. Comentamos el descontrol que tiene la administración con respecto a las instalaciones, pues se les presentó un caso real de una antena de Zaragoza que fue retirada y en la web del ministerio seguía apareciendo como en funcionamiento durante dos años más.

4)    ElectroHiperSensibilidad. Comentamos el aumento de los casos de personas con este tipo de problemas por la exposición continua y durante mucho tiempo a la contaminación electromagnética.

Por parte del Ministerio básicamente comentaron lo siguiente:

o   Que estaban de acuerdo en revisar la normativa.

o   Que el Mº de Industria está para controlar que todos los equipos cumplen una directiva comunitaria de protección a la salud y seguridad del usuario y que no se pone en el mercado ningún equipo que no cumpla con la normativa.

o   Que cada operador elige dónde quiere instalar sus equipos y que ellos si cumplen con la normativa se lo tienen que permitir. Lo mismo ocurre con los radioenlaces, que si cumplen la normativa de seguridad ellos se lo permiten.

o   Por otro lado nos comentaron que existe una comisión europea revisa los límites cada 2 años y que siguen diciendo que no hay estudios concluyentes que indiquen la necesidad de revisar los límites.

o   Que cada vez hay más eficacia en la transmisión de la información y que se emite con menos potencia. Que el espectro es limitado y se necesitaría mayor amplitud del espectro.

o   Que el RD 1066/2001 se creó en base a dos leyes

o   Ley General de Sanidad

o   Ley General de Telecomunicaciones

Y que como todas nuestras reclamaciones están basadas en aspectos sanitarios, las competencias no las tienen ellos sino que debemos dirigirnos al Mº de Sanidad.

o   Solicitaron información sobre la normativa WIFI en otros países.

o   Que existe un Consejo Asesor de Telecomunicaciones formado por:

o   Usuarios

o   Sindicatos

o   Asociaciones de operadores (industria)

A lo que les comentamos que nosotros también queremos estar en dicho consejo asesor.

Conclusiones:

o   Hemos quedado en enviarles un dossier con información, incluyendo la  relativa al WIFI en otros países. Incluiremos también el caso mencionado de la antena de Zaragoza.

o   Vamos a solicitar al Director Gral. de Telecomunicaciones que incluyan a la Plataforma en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones.

o   Solicitaremos una reunión a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

NOTA DE PRENSA

LA PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DENUNCIA LA ACTITUD DE LAS OPERADORAS ANTE LA ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS SOBRE TELEFONÍA MÓVIL



La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética quiere denunciar la actitud de las operadoras de telefonía móvil ante la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Leganés que pone orden y control a la proliferación desordenada y caótica de infraestructuras de telecomunicación en el municipio, asegurando la cobertura con los criterios de prevención y precaución respecto a los campos electromagnéticos generados por las estaciones base de telefonía móvil. Las compañías de telefonía móvil han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión del acuerdo de pleno sobre instalación de antenas y limites de inmisión y control en un intento de paralizar una ordenanza elaborada y aprobada democráticamente por el Ayuntamiento de Leganés. Esta ordenanza asegura la cobertura y el acceso a la telefonía móvil con los criterios de control de emisiones de las estaciones base de telefonía móvil y prevención sobre la contaminación electromagnética.


Frente al desarrollo caótico de infraestructuras de telefonía móvil y el aumento exponencial de emisiones radioeléctricas que esto ha supuesto, el Ayuntamiento de Leganés ha marcado un punto de inflexión convirtiéndose en pionero a la hora de dar respuesta a una situación que crea cada vez más desasosiego y malestar entre los ciudadanos, y lo ha hecho creando un instrumento normativo como es la ordenanza sobre telefonía móvil e infraestructuras de telecomunicación, que las operadoras temiendo por sus intereses intentan eliminar para evitar perder el control sobre el despliegue de estas infraestructuras de telecomunicaciones, como vienen siendo-salvo pocas excepciones- la regla.


El fracaso de la normativa estatal para resolver el problema del impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil evidencia la necesidad de una reforma en profundidad de esta legislación que esté en relación con los niveles más preventivos que han desarrollado países de nuestro entorno y las recomendaciones de conferencias internacionales de investigadotes sobre CEM y científicos independientes, ponen aún más de relieve el papel símbólico de esta ordenanza que quieren hacer fracasar estrepitosamente las estrategias antidemocráticas de estas empresas de telefonía móvil en España.


La Plataforma estatal quiere mostrar su solidaridad con el Ayuntamiento de Leganés y su ordenanza sobre telefonía móvil y, en general, con todos los ayuntamientos que realizan ordenanzas garantistas y sensibles a los últimas recomendaciones de científicos independientes y del Parlamento europeo, frente a los intentos de desmontar un mecanismo de control que tiene las corporaciones municipales sobre el inmenso despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. Hay que señalar que el propio, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución (abril de 2009) que insta a reconocer la, cada vez mayor, preocupación pública y científica sobre los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos  

IU insta al Gobierno en el Congreso a reconocer nuevas enfermedades por exposición a campos electromagnéticos

 

 

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -


   Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, sobre protección de la salud frente a la exposición a campos electromagnéticos (CEM), en la que insta al Gobierno a reconocer nuevas enfermedades por la exposición a este tipo de campos, para su debate en el Pleno de la Cámara baja.
   El diputado de IU Gaspar Llamazares ha sido el encargado de registrar la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que también pide al Ejecutivo el establecimiento de mapas electromagnéticos de las ciudades, así como regular los radioenlaces, con frecuencias de radar altamente peligrosas, y sustituirlos por fibra óptica en los núcleos urbanos.
   Es más, quiere que el Gobierno establezca un sistema público de control fiable e independiente, de los niveles de emisión radioeléctrica sobre la ubicación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones en zonas residenciales, educativas y hospitalarias.

MÁS ESTUDIOS PARA LA POBLACIÓN

   Además de promover y financiar la realización de estudios epidemiológicos y científicos de investigación por expertos de probada independencia sobre poblaciones residenciales que hayan sido expuestas de manera continua, con participación ciudadana y de las organizaciones de personas afectadas.
   Entre otras cuestiones, plantea al Gobierno el reconocimiento legal de la electrohipersensibilidad, como enfermedad causante de discapacidad, con el correspondiente protocolo sanitario para su diagnóstico y tratamiento.
   Así, quiere regular el uso del móvil, las redes WIFI y otras tecnologías inalámbricas por los menores de edad, así como en el transporte público y centros públicos; además de elaborar un código de buenas prácticas y desarrollar campañas específicas contra el abuso del móvil, dirigidas a la población adolescente y adulta, con recomendaciones de uso y etiquetado en móviles de baja emisión.
   Igualmente, quiere obligar a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal ilimitado o garantizado por el Estado, en caso de daños, y establecer una reserva específica de suelo para todo tipo de infraestructuras e instalaciones emisoras de CEM.
   Promover sistemas de conexión por cable más seguros sanitariamente como alternativa a los sistemas inalámbricos de radiación generalizada como Wi-Fi o WIMAX se encuentra entre otro de sus planteamientos al Gobierno.

CAMBIOS NORMATIVOS

   En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, IU argumenta que se están produciendo cambios normativos extra parlamentarios por los que se eliminan los requisitos a cumplir por las operadoras para la instalación de determinadas estaciones base, lo que supone, en su opinión, una vulneración de las mínimas garantías de control establecidas.
   Por otro lado, reconoce que la legislación estatal no garantiza la protección a la salud ni al medio ambiente, en primer lugar porque, en lo relativo a las muy altas frecuencias, no son las Administraciones quienes llevan el control del espacio radioeléctrico, sino las propias operadoras de telefonía móvil.
   En los últimos diez años, explica que las tecnologías inalámbricas han experimentado un "crecimiento exponencial" que ha supuesto la "proliferación caótica" de redes de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones sin cable, con el consiguiente aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras.
   "Con la presente iniciativa, se pretende que nuestro país inicie un proceso de protección de la salud de la población frente a la exposición a campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia. La legislación estatal no ha resuelto el impacto social, ambiental y sanitario de las redes de telefonía móvil", esgrime Izquierda Unida.
   Por ello, considera "necesario" que por ley se reconozca explícitamente la existencia de un riesgo sanitario por contaminación electromagnética o electropolución, y se regulen reglamentariamente los valores, distancias y medidas de protección.